La imagen que los argentinos nos hemos hecho de nosotros mismos fue elaborada entre las postrimerías del siglo XIX y los albores del XX, durante un ciclo expansivo en el cual, si no faltaban contradicciones sociales, existía un optimismo casi universal sobre la facilidad con que se las superaría. Se asentó así la idea de que vivíamos en un país en el cual la riqueza era inexorable; de allí denominaciones como "granero del mundo", "geografía con todos los climas" o "nación condenada al éxito".

Ajustar esa fotografía a las condiciones de los últimos lustros es una tarea dolorosa. La pobreza se ha transformado entre nosotros en un fenómeno estable: en la Argentina, según los datos más confiables, los pobres componen el 35 por ciento de la población y superan los porcentajes de nuestros vecinos.

A diferencia de lo que viene sucediendo en la mayoría de los países, en el nuestro el malestar social se ha ido incrementando con el paso de los años. Desde 1990, la pobreza disminuyó el 19 por ciento en Chile, el 18,3 en Brasil y se mantuvo estable en Uruguay. En la Argentina aumentó el 8,2.

Uno de los factores que explican este deterioro es la mala política económica. Las crisis recurrentes arrojan a cientos de miles de personas por debajo de la línea de pobreza. La experiencia más reciente de recuperación económica es un ejemplo clarísimo de esta evidencia. Se pensó que con el crecimiento bastaba. Pero si ese crecimiento se produce en el marco de inconsistencias y distorsiones, su beneficio social es mínimo y aun puede ser perjudicial. Si el alto crecimiento se alcanza pagando el costo de la alta inflación, la economía se transforma en una máquina de crear pobres.

Esta deficiencia en la gestión de la economía reduce el combate contra la pobreza a una estrategia Estado-céntrica. El Gobierno deposita una excesiva confianza en que el sector público podrá reducir la marginalidad, una idea errónea, ya que los recursos del fisco serán siempre insuficientes para neutralizar las consecuencias de una dinámica económica que genera pobres. Además, esa idea de por sí errónea es llevada a la práctica con insoportables imperfecciones.

La primera de ellas es que ese Estado que, en teoría, parece hacerse cargo de la asistencia social, en la práctica renuncia a ella. El Tesoro aporta los recursos, pero la gestión concreta del problema queda en manos de organizaciones de activistas políticos. En esta privatización de la atención de las necesidades básicas de la población más débil está la raíz de un mal que no nos cansamos de denunciar en estas páginas: el aprovechamiento de la pobreza como insumo de las maquinarias electorales.

La manipulación de la necesidad para condicionar la libertad se propone transformar al pobre en esclavo. Desde hace algunas semanas el país asiste a una lucha encarnizada de distintos aparatos políticos que pretenden conseguir los recursos fiscales que les permitan mantener la dominación que vienen ejerciendo sobre sus clientelas de desamparados. La crisis de financiamiento que atraviesa el sector público le ha quitado a esta puja todo tipo de recato. Hay pobres de primera clase y pobres de segunda, según la cercanía que tengan con la red de intendentes y punteros del oficialismo.

Aun cuando estas desviaciones no existieran, el programa de promoción social del oficialismo seguiría siendo defectuoso, ya que para el mismo tipo de males ofrece prestaciones distintas. Los pobres pueden recibir, hoy, en la Argentina, los 150 pesos del plan Jefes y Jefas de Hogar; los 180 pesos que se prometen como asignación por hijo, o los 1400 disponibles para quien tenga la suerte de integrar una cooperativa reconocida por las municipalidades. Esta extraña manera de corregir la desigualdad con desigualdad lleva en su seno el germen del conflicto.

El problema se agrava con otras deficiencias. Según los cálculos más conservadores, en nuestro país hay un tercio de trabajadores informales. Muchos de ellos prefieren seguir en esa situación con tal de no perder el subsidio que reciben. Muchos empleadores alientan esta situación atemorizados por los altísimos costos que supone contratar trabajadores en blanco. Poco a poco se va construyendo un sistema de reglas que, en vez de desalentar, estimula la exclusión. Y hay otro motivo para ello: una vez que se otorga una prestación, el seguimiento de la situación del asistido es prácticamente nulo. Imposible saber si, con el paso del tiempo, salió de su estado de marginalidad o si se sumergió más en ella.

La Presidenta, al confiarle otra vez el Ministerio de Desarrollo Social a su cuñada, ha decidido que problemas tan desafiantes se mantengan en la órbita de la familia. Sin embargo, la dimensión del fenómeno y la fragilidad de las estrategias para encararlo aconsejan sacar de ese reducto el tratamiento de la pobreza y la marginación. Toda la dirigencia debería alcanzar un gran acuerdo para revertir el deterioro que se viene verificando de manera cada vez más pronunciada entre los necesitados. Una amplia mayoría debe renunciar a la pugna por el poder para empeñarse en alcanzar objetivos de mayor calidad de vida para los más necesitados. Casi lo contrario de lo que viene ocurriendo.